Durante 2001 / 2002 Argentina vivió una aguda crisis institucional, social y política. Esta situación provocó un agudo descrédito de la sociedad hacia la clase política en general. En particular, con respecto a la Corte Suprema de Justicia, cierta parte de la sociedad, acusaba a los entonces jueces de “mayoría automática”, de “convalidar el sistema” con acompañamiento en las sentencias de las políticas que dichos sectores creían que era la causa de la crisis.
Más allá de compartir o no esta opinión, que merecería un análisis más profundo, lo cierto es que el ex Presidente Néstor Kirchner se embarcó apenas llegado al poder en una de sus primeras guerras, logrando instalar en la Corte a cuatro juristas que a su juicio le aseguraban ” no ser exageradamente obedientes al poder desalojado”.
Sin embargo, a poco que el nuevo Tribunal empezó a andar, dichos miembros no solo demostraron que no iban a ser fieles al poder “desalojado” y a la execrada década del 90, el villano construido por Kirchner, sino también y fundamentalmente, comenzaron a demostrar que iban a cumplir con un rol fundamental de acuerdo con la Constitución Nacional. ¿Cuál es ese rol? La Constitución le acuerda al Alto Tribunal varios roles, pero uno primordial de ser guardián de los derechos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales con rango constitucional.
Asimismo, y de acuerdo con los postulados de la Reforma Constitucional del 94, la Corte, en su actual composición, la Corte adoptó un rol fundamental de política institucional adecuando su perfil independiente en una actividad de diálogo con los otros poderes, y de señalamiento de que cuestiones requerían una tarea pendiente de realización para llevar a la práctica dicha reforma. De tal modo, señaló la inacción de determinadas autoridades en la Cuenca del Riachuelo, marcó al Poder Legislativo sus tareas pendientes respecto de la situación previsional de millones de argentinos, y respecto del propio Poder Judicial marcó un camino de institucionalidad, de prudencia en la apreciación de los derechos y prerrogativas de los poderes políticos, en varias sentencias, inclusive, en el caso de utilización de DNUs.
Ahora, como todos sabemos, ha ordenado reponer a un Procurador de la Provincia de Santa Cruz, que ha considerado ilegítimamente removido por el entonces gobernador Néstor Kirchner, causando como respuesta del grupo político que promovió la actual composición de la Corte, una exagerada sobreactuación, considerándose “engañados” por sus últimos pronunciamientos. Esta exageración incluye actos públicos de presión, convocatorias a actos de rebelión directa desde propaganda oficial y cuanto medio dispongan, e insólitas lecciones sobre como debe interpretar el derecho la Corte Suprema y los tribunales inferiores para agradar al Poder Ejecutivo.
Se trata de un gobierno que mantiene cortado el diálogo institucional con su propio vicepresidente, sus ex aliados políticos, toda la oposición incluyendo la de pensamiento otrora afín, los sectores productivos como el campo y las grandes empresas, la prensa libre, la iglesia, y el pensamiento surgido de las universidades. Evidentemente, a raíz de sus continuos desaciertos en materia político institucional, este Gobierno en retirada se coloca constantemente en una posición que dijo venir a combatir.
Esto no es una casualidad, ni un efecto no deseado de acciones aisladas, es directamente la decisión política del Gobierno, que así como exhibe su voluntad concreta de fomentar el delito (ver nuestra opinión en “La decisión política de cuidar la Vida”) está buscando deliberadamente socavar los pilares mismos de la democracia que tanto nos costó conseguir como pueblo-. Desea una Justicia que le sea “exageradamente obediente”, pues su actuación está, por su propia debilidad y su desapego por las normas, peligrosamente al borde de la legalidad e inclusive, podría decirse que, a través de voceros hoy desubicados que en otros tiempos gozaron de prestigio ético y de simpatía popular, como Hebe de Bonafini, el Gobierno ha elegido ir directamente contra la Constitución.
Es bueno recordar que el art.36 de la Constitución Nacional dispone que mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. La invitación a tomar los tribunales es lisa y llanamente una actuación antidemocrática y que merece constitucionalmente la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos para quien la apoye. La manía de conducir el país por el camino del “conmigo o contra mi” está llevando al Gobierno a un camino sin retorno. Pierde legitimidad a cada paso, a cada nuevo acto de insubordinación y bastardeo de los demás poderes.
Inversamente a cuando aquella crisis de legitimidad del 2001 / 2002, la sociedad le dio la espalda a todo el sistema político-institucional, es ahora el Gobierno el que le da la espalda a la sociedad y al resto de los actores políticos e institucionales. Esta actitud es un indudable gesto de debilidad que requiere de todos nosotros, una inmensa paciencia y continuar por el camino que nos hemos trazado desde la víspera de las elecciones de 2009: seguir trabajando para encontrar el año que viene los mejores hombres y mujeres para una mejor Argentina.
Un país que incluye, naturalmente, obedecer la Constitución, respetar los poderes constituidos y trabajar en las decisiones políticas y soluciones institucionales necesarias para cambiar y comenzar de una vez a crecer en paz.
Jorge Triaca
Diputado Nacional
